El argumento grueso es el siguiente. Las personas razonan en forma sesgada lo que las lleva a preferir políticas públicas que, a la luz de la mejor evidencia empírica disponible y la opinión experta, son dañinas. Por ejemplo, el proteccionismo, los límites a la inmigración y los aumentos desmedidos del salario mínimo son medidas que gozan de mucha más popularidad entre legos que entre expertos.
Dado que el votante tiene una influencia microscópica sobre el resultado de una elección, no tiene incentivo a incurrir en el esfuerzo que significa informarse, educarse, y votar de acuerdo a la opinión experta. Más aún, sigue el argumento, el votante tiene una preferencia intrínseca por estas creencias sesgadas - deriva utilidad de mantenerlas - ya que le permiten sentirse bien sobre sí mismo, y adherir a la posición socialmente aceptada. Se sigue entonces que, dado que hay un beneficio en mantener estas creencias y el costo de hacerlo es nulo, es racional para el votante persistir en su posición irracional. Por ello que Caplan llama a este fenómeno Irracionalidad racional.
Dado que el votante tiene una influencia microscópica sobre el resultado de una elección, no tiene incentivo a incurrir en el esfuerzo que significa informarse, educarse, y votar de acuerdo a la opinión experta. Más aún, sigue el argumento, el votante tiene una preferencia intrínseca por estas creencias sesgadas - deriva utilidad de mantenerlas - ya que le permiten sentirse bien sobre sí mismo, y adherir a la posición socialmente aceptada. Se sigue entonces que, dado que hay un beneficio en mantener estas creencias y el costo de hacerlo es nulo, es racional para el votante persistir en su posición irracional. Por ello que Caplan llama a este fenómeno Irracionalidad racional.
Es difícil leer esta línea argumental y no pensar en la situación que está viviendo en Chile con respecto al sistema previsional, y en particular con el rol que cumplen las AFPs en él. La mayoría de los entendidos en el tema tiene una posición favorable hacia las AFPs y creen que las modificaciones que se hagan al sistema tienen que circunscribirse a la arquitectura actual de este, o aumentar paralelamente la participación del Estado a través de un sistema mixto. En la comisión Bravo convocada por la presidenta en 2014 para evaluar el sistema previsional hubo doce votos por mantener el sistema actual (con cambios, por supuesto), once por introducir un componente de reparto paralelo a la capitalización individual, y sólo uno por volver de lleno a un sistema de reparto (p.98). Es decir, la mayoría de los miembros de la comisión valora el aporte que las AFPs han hecho al sistema previsional, y piensa que se deben mantener.
La opinión pública, en contraste, presenta una animosidad hacia las AFPs que es sólo comparable con su ignorancia respecto de éstas. La encuesta CADEM de la semana del 25 de agosto mostró un que un 42% de la población no sabe cuanto tiene ahorrado, y un 55% no sabe que los fondos son de su propiedad, ambos datos muy básicos sobre el funcionamiento del sistema. No deja de resultar paradójico entonces que, ante tal nivel de ignorancia, un categórico 71% de los encuestados desapruebe la gestión de las AFPs. Pareciera ser que estamos ante un caso de irracionalidad racional.
